Miércoles 24 de julio de 2013
El sindicato propone además la creación de una comisión mixta de desahucios en el Ayuntamiento de Madrid que vincule a todos los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones de afectados para tratar los desahucios de la banca.
Los desahucios de familias madrileñas con viviendas proporcionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo -instrumento público de gestión de las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid- suponen una dejación en las funciones del Gobierno local, además de que impiden el acceso a un derecho fundamental a cientos de familias madrileñas.
Por otro lado, es una contradicción que una administración expulse de su vivienda a familias por falta de recursos para luego ser atendidas por los propios Servicios Sociales del Ayuntamiento en la búsqueda de una solución temporal a su problema. En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid debería operar como garante del derecho a la vivienda en primer lugar, a través de su principal instrumento para ello, que es la EMVS, evitando una saturación innecesaria de los Servicios Sociales y la propia situación indeseable del desahucio.
CCOO de Madrid pide a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el compromiso de paralización de todos los desahucios en viviendas de la EMVS, además de la creación de un espacio para tratar el problema con carácter general, en el que estén incluidos todos los partidos de la Corporación, los sindicatos, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y las asociaciones de afectados, en el que se aborden asimismo los desahucios de la banca.
La legitimidad democrática de un gobierno depende de que sus políticas permitan el acceso de la ciudadanía a sus derechos, por lo que no es legítima una dejación en la responsabilidad pública en materia de derecho a la vivienda. Es necesario, por lo tanto, la puesta en marcha de una estrategia pública para el derecho a la vivienda en Madrid, con capacidad para operar sobre la vivienda vacía y las posibles nuevas promociones, utilizando los instrumentos públicos de que se dispone, como es el caso de la EMVS, y poniendo el foco en el derecho a la vivienda como prioridad.
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