Viernes 11 de julio de 2014
Los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Jaime Cedún y José Ricardo Martínez se han reunido con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a propósito de la campaña iniciada por ambos sindicatos ante la ofensiva penal contra el derecho a huelga. Además, los líderes sindicales han entregado a Cifuentes un escrito en el que se explica y denuncia este intento de criminalizar a los sindicatos.
Tras la reunión, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha recordado la importancia de esta denuncia hecha por CCOO y UGT y que está llevando a movilizarse a ambas organizaciones en todo el Estado. Un ataque impropio de un sistema democrático y así lo ha denunciado Cedrún, que ha recordado que "nadie puede entrar en prisión por haber ejercido el derecho de huelga".
Un derecho básico, tal y como reconoce la Constitución Española, y que ahora se está poniendo en peligro ante los 81 procedimientos abiertos y 265 personas procesadas o imputadas. De éstas, seis personas ya han sido condenadas a penas de cárcel de más de tres años.
Esta situación se da debido a un artículo "perverso" del Código Penal, el 315.3, que se incorporó en 1996 y que se trajo de la legislación franquista y que atenta directamente contra el derecho de huelga. "Resulta extraño que un artículo aprobado en 1996 comience a aplicarse hace poco más de un año, en un proceso abierto por la huelga general del 29 de septiembre de 2010".
Es evidente, ha denunciado Cedrún, que "alguien está invitando a los jueces de instrucción y a la fiscalía a que apliquen este artículo del Código Penal para amedrentar y limitar el ejercicio del derecho de huelga".
En la Delegación del Gobierno en Madrid, el secretario general de CCOO de Madrid ha vuelto a exigir que "se agilicen y se activen todos los indultos que se han demandado y que se paralicen todos los procesos en marcha", a lo que ha añadido que si en algún caso ha habido alguna actuación individual de carácter violento, que se sancione, pero "por la vía administrativa y no en procesos penales".
Para Cedrún, las peticiones de prisión de la Fiscalía en cada uno de los casos son "impropias de un estado democrático y más propias de un Tribunal de Orden Público del franquismo" y ha recordado al recientemente fallecido Fernando Soto, fundador de CCOO y condenado en el Proceso 1001, en el que se les condenó a 162 años de cárcel.
El derecho de manifestación no se negocia.
Por otra parte, el secretario general de CCOO de Madrid también se ha referido al intento del presidente del Gobierno regional, Ignacio González, de prohibir las manifestaciones en la Puerta del Sol: "El derecho de reunión y manifestación esta encriptado en la Constitución Española y es algo que nadie y tampoco ninguna Ley Orgánica puede recortar", ha afirmado con rotundidad.
La propia delegada del Gobierno ha dado la razón a CCOO frente al Gobierno regional al reconocer que "no hay ninguna queja específica de los comerciantes de la zona por las manifestaciones en la Puerta del Sol".
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